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Tras la actualización de la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones a inicios de este año, la Profeco lleva a cabo una campaña de acciones de vigilancia sobre el cumplimiento de las empresas y su obligación de difundir este documento en sus portales de internet y entregarlo a los usuarios al contratar sus servicios.
La Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones es un documento clave de empoderamiento pues establece diversas directrices en materia de libertad de elección, condiciones de contratación claras, justas y equitativas, portabilidad numérica y calidad de los servicios, entre otras.
Por ejemplo, establece como un derecho de los usuarios que se les indiquen los días y horas hábiles para la instalación de un servicio y que el proveedor debe indicar un rango de horario no mayor a cinco horas para efectuar la visita.
Asimismo, señala el derecho a cancelar contrato si el proveedor no instala o activa el servicio en los tiempos convenidos o establecidos, y a la devolución del monto total pagado por concepto de anticipo, depósito, instalación o renta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud del servicio.
En materia de telefonía móvil, los usuarios tienen entre sus derechos en el esquema de prepago, que la empresa le abone en su próxima recarga el saldo que no usó durante el periodo de su vigencia, siempre y cuando la realice dentro del año siguiente y le sea aplicable al servicio.
En enero pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicaron en el Diario Oficial la actualización de la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, misma que entró en vigor el 25 de febrero de 2022.
El documento establece que los concesionarios y autorizados están obligados a difundir esta carta de manera permanente en sus respectivos portales de Internet, así como entregarla a los usuarios al contratar sus servicios.
Al respecto, Pedro Francisco Rangel Magdaleno, subprocurador de Telecomunicaciones de la Profeco, asegura que la institución trabaja de manera permanente en la revisión y verificación del cumplimiento de normas como la NOM 184 que busca brindar al consumidor mayor calidad en los servicios, contratos justos y herramientas que refuercen sus derechos al momento de adquirir un servicio o producto.
“El papel que juega Profeco es la defensa de los derechos de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, lo que significa que hacemos una revisión de la normativa correspondiente que nos compete con un énfasis especial en la NOM 184 y bajo ese contexto se realizan visitas de verificación a fin de que todos los prestadores de servicios estén cumpliendo”.
Al participar en la primera sesión ordinaria de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), el funcionario recordó que uno de los mecanismos que regula la NOM 184 son los Contratos de Adhesión.
“De acuerdo con la propia normativa, los prestadores de servicios deben tener registrado ante Profeco su Contrato de Adhesión y ésta es la parte preventiva más importante de la subprocuraduría pues en este documento se revisa que todo esté conforme a la ley y se protege de manera preventiva a los consumidores y usuarios de telecomunicaciones”.
En su objetivo de contribuir al empoderamiento de los consumidores del sector telecomunicaciones y fomentar el consumo razonado, informado, seguro y sostenible, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene entre sus prioridades establecer mecanismos de interacción y cooperación con la industria.
“Hace unos días refrendamos la colaboración con la ATIM en tres ejes de acción: Capacitación sobre la NOM 184 incluyendo Contratos de Adhesión, capacitación sobre el Distintivo Digital, y conocimiento sobre los derechos mínimos de los usuarios de telecomunicaciones”.
Y es que dijo, al ofrecer servicios de televisión restringida y acceso a internet en poblaciones rurales y suburbanas del país, la asociación tiene una función social muy importante que exige un amplio conocimiento de los derechos de los consumidores para brindarles servicios de calidad en un contexto donde la conectividad es parte vital del desarrollo social y económico.